Un decreto derogatorio con graves vicios
Según informó Diario Río Uruguay, el fallo remarca que, en el derecho provincial y municipal de Entre Ríos, la administración no puede revocar «por sí y ante sí» un acto administrativo que otorgó derechos y adquirió firmeza, aun cuando alegue supuestas irregularidades en su origen. El decreto cuestionado había dejado sin efecto, en sede administrativa, la incorporación del agente a la planta permanente municipal.
Los abogados patrocinantes del trabajador, María de los Ángeles Petit y Matías Llados, explicaron que ante cuestionamientos por razones de legitimidad, la Constitución de Entre Ríos (artículo 60) y la legislación vigente establecen que el Poder Judicial es el único competente para invalidar el acto. Por lo tanto, el municipio debió promover una acción judicial de lesividad y no ejecutar la baja de forma directa.
Reintegro y haberes con actualización
La Cámara concluyó que el decreto derogatorio incurrió en graves vicios de competencia y objeto, al arrogarse facultades reservadas a los jueces y vulnerar la estabilidad de los actos administrativos firmes. Por eso ordenó no solo reponer al agente en el cargo, sino también abonar los haberes dejados de percibir, con una actualización del 8 por ciento mensual más la Tasa Activa del Banco Nación, computados desde febrero de 2024 hasta la fecha de efectiva reincorporación.
El pronunciamiento deja asentado un criterio sobre los límites de las potestades revocatorias del Ejecutivo y la plena vigencia de las garantías del debido proceso, un antecedente relevante para los trabajadores municipales de la región.
Fuente: Diario Río Uruguay
